Hace dos años, con motivo del 75 aniversario del diario INFORMACIÓN, acepté la propuesta que se nos hizo a personas de diferentes sectores sociales y profesionales de esta provincia, de escribir unas notas al respecto, y en ellas recordé que para mí, desde niño, este periódico era algo familiar, no solo porque entraba en casa cada día, sino también porque yo vivía cerca de las primeras instalaciones del mismo que radicaban en la calle Quintana, de las que me llamaban la atención sus rotativas, sin poder imaginar entonces que ahora iba a tener un contacto profesional casi cotidiano con algunas personas que trabajan en él. He sido ahora invitado de nuevo a exponer algunas ideas a raíz del 40 cumpleaños de Prensa Ibérica, en la que aquella cabecera se integra.

Lo primero que resalta es que tratándose de una empresa dedicada a gestionar medios de comunicación que se ha hecho cargo de una gran variedad de aquéllos en diferentes provincias españolas, el mero hecho da alcanzar tal longevidad ya denota buen hacer. Como he dicho, mantengo un contacto profesional muy frecuente con periodistas, tanto los relacionados con dicha editorial como con cuantos otros comparecen en nuestras dependencias en busca de noticias que relatar a sus lectores y oyentes, pues sin duda alguna casi todo lo relacionado con los Tribunales y Fiscalía suele tener interés para ellos.

En virtud de lo anterior creo que esta oportunidad que se me brinda es adecuada para recordar -y de ahí viene el título que doy a este escrito- lo que tratamos hace poco más de un mes en una Mesa redonda que se celebró en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, en la que tuve el honor de ser llamado a participar junto a un magistrado, un catedrático y un periodista-ejecutivo de este grupo editorial, y bajo la moderación del decano del ICALI, todos ellos personas destacadas en sus profesiones.

"Para contrarrestar las noticias falsas, cada vez se necesitará más que las empresas que gestionan medios de comunicación sean serias y solventes"

En esa mesa redonda, bajo el título de «Presunción de inocencia y medios de comunicación», se puso de manifiesto que gran parte de las noticias que aparecen en ellos se facilitan por los juzgados y tribunales, por los profesionales liberales que actúan ante los mismos o por la Fiscalía. Y la primera pregunta que nos planteó el moderador fue la de si visto lo publicado en algunos medios sobre casos muy famosos en toda España, seguía existiendo la presunción de inocencia. Mi respuesta fue que de puertas hacia dentro de la Administración de Justicia, rotundamente sí. Que la duda podía surgir hacia fuera, a la vista del tratamiento que de esos casos se hiciera en según qué medios.

Recordé que en lo que concierne a los fiscales, conforme a las directrices de la Fiscalía General del Estado (Instrucción 3/2005), debemos fomentar la remisión de información a los medios, sin trato de favor a unos respecto de otros; información que ha de ser aséptica, objetiva, sin entrar en polémicas, respetuosa con la presunción de inocencia, con especial cuidado en lo que afecta a los menores y a las víctimas (evitando la victimización secundaria), que no perjudique a datos sensibles de una investigación, que no afecte al honor de las personas; y absteniéndonos de colaborar en publicaciones o programas que se adentren en los perturbadores terrenos de los juicios paralelos (así lo expresa la Fiscalía General).

Y ese es el problema: una cosa es el derecho de los medios a informar y otra que puedan dar pie, conscientemente o no, a que quienes tienen que decidir en un proceso se vean influenciados por opiniones que no pueden ni deben tener en cuenta. No me refiero, claro, a los jueces profesionales, que están preparados para abstraerse de lo que no deben valorar, sino principalmente a quienes han de formar parte de un Tribunal del Jurado, que necesariamente -porque el legislador así lo quiso- han de ser personas legas, ajenas al Derecho (bastando, por todo conocimiento, con que sepan leer y escribir), que se eligen por sorteo y que solo pueden atenerse a lo que presencien en el juicio oral.

El problema es, pues, la existencia de esos perturbadores juicios paralelos. Es comprensible que algunos medios, en tanto empresas que son en su mayoría, junto a su vocación divulgativa puedan tener en cuenta a la vez que a más polémica, más audiencia y a más audiencia, más ingresos, como dije sin intención crítica alguna, pues como tales sociedades mercantiles, es legítimo que tengan tal ánimo de obtenerlos; aunque en ese punto el interés no sea coincidente con el de la Administración de Justicia. Pero eso también puede hacerse evitando ciertas prácticas que pueden redundar en perjuicio de ésta. Y ahí radica, a mi entender, lo que puede diferenciar a unos de otros.

No puede olvidarse que la libre opinión es un derecho y que la crítica sana es buena en tanto que puede ayudar a reflexionar. Pero en ocasiones, sobre ciertos datos que se han conocido de algunas investigaciones de casos famosos, no es que se hayan pronunciado públicamente al respecto algunos profesionales o periodistas especializados en la materia, sino que lo han hecho -incluso en programas televisivos, al parecer de considerable audiencia- personas que sin ser ni lo uno ni lo otro, son conocidas por otros motivos (como por su mera y asidua participación en actividades o programas de entretenimiento, dicho sea con todos los respetos); habiéndose «atrevido» éstas a pronunciarse sobre cuestiones técnicas complejas, como pruebas médicas, caligráficas, documentales, dactiloscópicas o balísticas, o sobre el tipo delictivo de que se trata («¡no es esto, es lo otro…!»), cuando muchas veces la decisión depende de matices; o a dar su categórico parecer sobre la culpabilidad o inocencia presuntas de alguien, sin haber presenciado ni leído prueba alguna y sin el más mínimo acreditado conocimiento jurídico ni de la jurisprudencia. Y eso, una vez y otra y otra…, o por más de uno, de modo que pueden calar indebidamente tales criterios en los miembros de un jurado que deben ser ajenos a todo ello a la hora de decidir sobre los derechos de los enjuiciados y sobre los de las víctimas (no olvidemos que éstas, las víctimas, ocupan el otro platillo de esa balanza imaginaria que simboliza la Justicia).

Por lo demás, el que de una misma noticia se den diferentes versiones o que cada medio destaque lo que más relevante le parezca, no deja de formar parte de la grandeza del derecho a la libertad de información constitucionalmente reconocido, aunque no debemos olvidar aquí tampoco la otra cara de la moneda, esto es, el derecho de los ciudadanos, también protegido por la Constitución, de recibir una información que sea veraz. Por eso, lo relevante es que cuando se lea sobre el papel, o cuando en la versión digital se pulse sobre el titular en la tablet, teléfono móvil u ordenador, se despliegue al respecto un texto con información que sea verdadera y objetiva.

Hace poco oí en televisión que se calcula que en unos cuatro años el cuarenta por ciento de noticias que circularán por Internet serán falsas, la mayoría introducidas por particulares. Por eso creo que para contrarrestarlas cada vez se necesitará más que las empresas que gestionan medios de comunicación sean serias y solventes, dado que el derecho a ofrecer y recibir información correcta es básico en nuestra sociedad.

Hasta donde yo conozco, la empresa editorial cuyo cuadragésimo cumpleaños se celebra, es de las que procura que la información que ofrece a sus lectores reúna esas características de veracidad y objetividad. Espero y deseo que sea así por mucho tiempo. Enhorabuena.